isidro bautista soriano 

El caso de la solicitud de licencia presentada por la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Sandoval, podría tener dos lecturas, a dos años con casi dos meses de haber asumido el cargo. La primera: que se trata, como ella misma lo señaló en el escrito que hizo público en las redes sociales, de un derecho constitucional que le permite separarse del cargo de manera temporal, en lo particular de seis meses. Habría que creer en que la ley así lo prevé, como está establecido tratándose de los representantes populares, que pueden dejar el puesto de forma temporal o definitiva. Sin embargo, habría que esperar la sesión en que el Congreso local, al que ella dirigió el documento con fecha 14 de febrero, lo desahogue para analizar, discutir y en su caso aprobarlo o no aprobarlo en los términos, claro, considerados en la Constitución. Habría que ver también si el señalamiento que ella hace en su escrito en el sentido de que el vicefiscal de Investigación de dicha institución, Jesús Torres Ojeda, “asumirá el despacho” en su ausencia es efectivo, según sus facultades legales. Lo que es seguro es que ella seguirá siendo titular hasta que el Congreso, si cabe el caso, apruebe su solicitud, y Torres Ojeda, en igual situación. Es la primera vez que se da el caso de una solicitud de licencia por parte de la Fiscalía de Guerrero, por lo que el legislador tiene en sus manos una papa caliente en términos jurídicos para resolver sin que el asunto amerite ser turnada a la Suprema Corte. Desde luego, dependiendo de la dimensión que pudieran cobrar los “asuntos de carácter personal y familiar” que “requieren de mi atención”, Valdovinos Sandoval regresaría antes de los seis meses, solicitaría una posible prolongación del permiso o plantearía la renuncia. La segunda: que se trate de una renuncia de facto con una salida por la puerta grande para evitar una serie de cuestionamientos de la sociedad ante los hechos de violencia que han llamado poderosamente la atención en Acapulco, Taxco y de unos días a la fecha en Chilpancingo. Justo cuando ha imperado en la capital del estado de Guerrero una sicosis que nunca antes la había tenido por la parálisis del servicio de transporte público, no obstante las medidas de reforzamiento de la seguridad implantadas por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la fiscal decide tirar la tolla, dirían ciertos personajes de la opinión pública. Pondría en entredicho la confiabilidad de las fuerzas armadas, de las que Valdovinos Sandoval proviene, a tal grado que, si fuera el caso, la posible sucesora o posible sucesor de Valdovinos Sandoval también viniera de sus filas, la gente echaría tal vez un reproche. El cargo, por supuesto, difícilmente tiene comparación con otro del servicio público. No cualquiera puede ponerse el saco ante la magnitud que ha ido percibiéndose en materia de seguridad en Guerrero y en el resto del país. Son el Ejército y la Marina los que han tomado prácticamente el control de esas áreas en los gobiernos estatales y en algunos gobiernos municipales. En la próxima sesión del Congreso se despejarán las dudas que surgen de manera natural en asuntos como el aquí abordado.